Santo Domingo, R.D. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conoció este jueves las conclusiones finales sobre el caso de supuesta corrupción administrativa por unos RD$4,500 millones de pesos de parte de altos oficiales del gobierno del expresidente Danilo Medina y una Pastora.
En esta fase final, la titular del tribunal destacó que se recibieron todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
Cerrados los debates, explicó que de acuerdo a los artículos 338 y 377, numeral cinco del Código Procesal Penal, se establece que si el debate se excedió por más de 30 días el plazo de la deliberación es de 40 días. En este caso, el juicio inició el 27 de junio de 2024,
Ministerio Público
La procuradora de corte y titular de la Pepca, Mirna Ortiz, calificó como "inminente y evidente" la imposición de condenas ejemplares contra el general Adán Cáceres Silvestre y los demás procesados. Ortiz sostuvo que la contundencia de las pruebas aportadas por el Ministerio Público no ha sido superada por las defensas, quienes, a su juicio, han recurrido a una estrategia mediática ante la falta de argumentos legales sólidos en el tribunal.
Un expediente "blindado" vs. argumentos verbales
Durante un receso del juicio que se ventiló en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Ortiz destacó que el órgano acusador ha demostrado la fortaleza del expediente desde la fase de medida de coerción hasta el juicio de fondo.
"Las sentencias que vendrán van a ser duras, firmes y ejemplares. Las defensas solo han presentado argumentos verbales contra pruebas firmes y contundentes", afirmó la magistrada.
Ortiz cuestionó el "tour mediático" iniciado por Adán Cáceres, interpretándolo como una señal de derrota: “Si no tuviéramos pruebas, ¿de qué se preocupan? Los juicios se ganan en este salón de audiencias, no en la prensa”, sentenció.
Cáceres solicita su absolución alegando falta de pruebas
Por su parte, el general Adán Cáceres Silvestre, principal implicado, solicitó formalmente su absolución ante las juezas Giselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes. Durante sus palabras finales, el oficial aseguró que el Ministerio Público ha fracasado en demostrar su responsabilidad penal tras cinco años de proceso.
Cáceres argumentó que no existen testigos ni documentos que sustenten la acusación de asociación de malhechores. Además, defendió la licitud de su patrimonio, señalando que los peritajes del Inacif reflejan que el 98% de sus recursos provienen de salarios e inversiones bancarias. “No se ha podido establecer con quién me puse de acuerdo para infringir la ley, ni se ha trazado una ruta financiera que sustente un desfalco”, alegó el imputado.
Las penas solicitadas
El Ministerio Público busca sanciones severas por el desfalco de más de RD$4,500 millones al Estado dominicano:
20 años de prisión: Para los generales Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou, Boanerges Reyes Batista y Julio Camilo De los Santos Viola, así como para el coronel Rafael Núñez de Aza y el capitán Franklin Mata Flores.
15 años de prisión: Para Rossy Guzmán (la Pastora), Kelman Santana y Pedro Castillo Nolasco.
10 y 5 años de prisión: Para otros 22 imputados vinculados a supuesta la red.
Sanciones corporativas: Disolución de empresas como la Iglesia Bautista Vida Eterna, Hacienda Kelman SRL y Rawel Importadores, además del decomiso de bienes de lujo, incluyendo villas y vehículos.
Fallo
El tribunal integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yune y Jissel Naranjo, decidió reservarse el veredicto, para el 15 de junio a las 3:00 de la tarde.