SANTO DOMINGO. – En respuesta al clamor popular y cumpliendo con el mandato de la Ley 64-00 de Medio Ambiente, el presidente Luis Abinader dispuso este lunes la detención inmediata de toda actividad relacionada con el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan.
La decisión se produce apenas 24 horas después de que diversas organizaciones sociales, ambientales y ciudadanos de la región Sur protagonizaran una contundente manifestación en rechazo a la explotación minera, alegando la protección de las fuentes hídricas y la producción agrícola de la zona.
Escucha activa y cumplimiento de la ley
El mandatario enfatizó que su gestión se caracteriza por escuchar con responsabilidad las inquietudes de la ciudadanía. “Cuando la población rechaza de manera masiva un proyecto de esta categoría, la Ley 64-00 y sus reglamentos establecen que no es viable continuarlo”, puntualizó el Ejecutivo.
El Gobierno aclaró que este proyecto no es de origen reciente, detallando su cronograma histórico para ofrecer transparencia a la población:
- 2005 y 2010: Otorgamiento de concesiones de exploración originales.
- 2015 y 2018: Renovación de permisos y autorización de estudios técnicos de alcance.
- Gestión actual: El proyecto se encontraba estrictamente en fase de evaluación ambiental, sin que existiera —hasta el momento de su detención— ninguna autorización para explotación.
Prioridad: El agua y la gente
La disposición de detener el proyecto Romero busca llevar tranquilidad a la provincia de San Juan, donde el sentimiento colectivo ha sido de defensa férrea al Valle de San Juan y sus recursos naturales. La protesta del pasado domingo fue el detonante final que confirmó la falta de licencia social para la iniciativa.
“Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro”, concluyó el presidente, reafirmando que no se sacrificará la paz social ni el patrimonio ecológico de la nación por proyectos que no cuenten con el aval de las comunidades.
Con esta medida, el Gobierno cierra un capítulo de incertidumbre en el "Granero del Sur", priorizando la prudencia y la transparencia en la gestión de los recursos extractivos del país.