SANTO DOMINGO.– En una maratónica y tensa audiencia que se extendió hasta altas horas de la noche, la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó apertura a juicio de fondo contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y otros 28 implicados en el supuesto entramado de corrupción administrativa denominado Operación Calamar.
Sin embargo, en el mismo fallo la magistrada dictó un auto de "no ha lugar" a favor de los exministros Gonzalo Castillo, de Obras Públicas, y José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia, por considerar que el Ministerio Público no presentó elementos de prueba suficientes para sostener una acusación penal en su contra, quedando ambos exonerados del proceso.
La decisión judicial también favoreció con un "no ha lugar" a Daniel Alberto Guerrero Mena, hijo del principal imputado, así como a los ciudadanos Marcial Reyes y Rosa Arias Ruiz, cuyas acusaciones fueron desestimadas por el tribunal.
Por el contrario, además de Donald Guerrero, el tribunal envió a juicio penal al abogado Ángel Lockward y a una veintena de coimputados, entre los que destacan exfuncionarios de primera línea como el exdirector del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
La lectura del dictamen, que inicialmente estaba pautada para las 3:00 de la tarde y comenzó con más de cuatro horas de retraso, vivió un momento de alta tensión cuando el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, también enviado a juicio, sufrió un desmayo en plena sala de audiencias, obligando a una breve pausa para recibir asistencia médica.
Con esta resolución, el caso Calamar —donde el Ministerio Público imputa al grupo de asociarse para desfalcar al Estado dominicano con más de RD$19,000 millones mediante el pago irregular de terrenos expropiados y el financiamiento ilícito de campañas políticas— entra en una nueva etapa procesal donde la culpabilidad o inocencia de Donald Guerrero y los demás procesados se debatirá formalmente en un tribunal colegiado.