El Ministerio de Turismo desautoriza cualquier actuación de miembros de la seguridad privada de complejos inmobiliarios o turísticos que tenga como propósito impedir o restringir el libre acceso de los ciudadanos a las playas públicas, cuando dicho disfrute se realice de manera ordenada, pacífica y en cumplimiento de las leyes y normativas vigentes.
"Con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica, la convivencia y el uso responsable de nuestros espacios costeros, coordinaremos una mesa de trabajo junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales —institución que, conforme al artículo 18 de la Ley 64-00, tiene la responsabilidad de la conservación, el control y el uso sostenible de los recursos costeros y marinos del país—, así como con el Ministerio de Interior y Policía y la Procuraduría General de la República, para revisar estos casos y establecer criterios de actuación claros que armonicen el interés público, la protección del medio ambiente, la seguridad y el respeto a los derechos de todos", indica una publicación de Collado.
"Nuestro objetivo es garantizar que las playas, como patrimonio de todos los dominicanos, puedan ser disfrutadas en orden, tranquilidad y con estricto apego a las normas que regulan cada zona del país", afirma.
El ministro de Turismo informa que este mismo criterio será aplicado en cualquier otro proyecto o desarrollo turístico donde se presenten situaciones similares, siempre procurando soluciones institucionales que privilegien el interés nacional, la convivencia ciudadana y el desarrollo sostenible del turismo dominicano.