SANTO DOMINGO. – El Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) anunció una serie de modificaciones al pliego de condiciones para la adquisición de 100 camiones compactadores. Estos equipos están destinados a ser donados a diversos ayuntamientos en todo el territorio nacional.
La decisión de la institución se produce en respuesta directa a las recomendaciones emitidas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Con estas medidas, el MAPRE busca garantizar que el proceso se realice bajo los más altos estándares de transparencia y equidad.
Actualmente, la Presidencia de la República registra una demanda crítica, con más de 150 solicitudes de donación de camiones compactadores provenientes de municipios y distritos municipales. El factor común en estas peticiones es la urgencia de enfrentar el cúmulo de desechos sólidos.
Esta acumulación de basura representa un riesgo latente para la salud pública en las comunidades afectadas. Ante este escenario y contando con la disponibilidad presupuestaria necesaria, el Gobierno dispuso la convocatoria de una subasta inversa.
El método de subasta inversa ha sido seleccionado por su eficacia en la selección de proveedores. Este procedimiento permite que los oferentes compitan entre sí reduciendo sus precios de manera dinámica a través de una puja electrónica.
Según el MAPRE, este sistema no solo favorece la obtención de mejores costos para el Estado, sino que también promueve un entorno competitivo y transparente. La plataforma utilizada para este fin es el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).
El proceso de compra, identificado con el número MAPRE-CCC-SI-2026-0001, fue publicado originalmente el pasado 23 de marzo. Su diseño siguió estrictamente las instrucciones de la DGCP contenidas en las circulares emitidas en julio y noviembre de 2025.
Dichas normativas establecen que la configuración de la subasta inversa debe realizarse por el total de los artículos. Por esta razón, se prohíbe la lotificación y la participación parcial de los oferentes en este proceso específico.
En la etapa actual del cronograma, la institución se encuentra emitiendo las circulares, enmiendas y adendas correspondientes. Previo a este punto, se recibieron diversas solicitudes de aclaración y objeciones por parte de los interesados.
Las inquietudes de los oferentes se centraron principalmente en las cantidades de camiones solicitadas, los tiempos de entrega y las especificaciones técnicas. Además, el proceso contó con el monitoreo preventivo de la DGCP, que aportó sus propias observaciones.
Respecto a los tiempos de entrega, el MAPRE aclaró una confusión común sobre los plazos reales. Aunque el pliego inicial mencionaba un plazo de 5 días tras la certificación del contrato, el tiempo real disponible para el adjudicatario es significativamente mayor.
La institución explicó que el oferente ganador conoce el resultado de la puja el 19 de mayo, mientras que la certificación formal del contrato se emitiría el 26 de junio. Esto otorga un margen de preparación previo al inicio del conteo del plazo formal.
Para ilustrar este punto, el ministerio citó un proceso previo de adquisición de autobuses estudiantiles en 2025. En aquel entonces, el adjudicatario contó con 33 días adicionales antes de que comenzara el conteo oficial del plazo de entrega.
A pesar de estas previsiones, el Comité de Contrataciones Públicas de MAPRE decidió realizar ajustes significativos para favorecer la libre competencia. Entre los cambios más relevantes destaca la reducción del número de unidades en la primera partida de entrega.
Originalmente se exigían 70 unidades para la primera entrega, pero la cantidad ha sido reducida a 50 camiones compactadores. Asimismo, el plazo formal para esta primera entrega se amplió a 45 días calendario.
Al sumar los tiempos de notificación y certificación, la empresa ganadora dispondrá de un total de 83 días calendario para entregar la primera partida. La institución considera que este es un plazo razonable para el cumplimiento del contrato.
Para las 50 unidades restantes, se mantiene un plazo de 30 días calendario adicionales tras la primera entrega. Esto totaliza 113 días para completar el suministro de los 100 camiones requeridos en la subasta.
En el ámbito técnico, el Comité ha decidido ampliar las especificaciones del pliego de condiciones. El objetivo es asegurar que todos los requisitos sean claros y adecuados para los fines de la donación.
Otro ajuste importante se refiere a la visita técnica que realizarán los peritos. Ahora, la verificación se limitará a confirmar la existencia de al menos un camión que cumpla con las características técnicas exigidas.
El MAPRE reiteró que todas estas modificaciones se realizan con apego estricto a la Ley 47-25 de contrataciones públicas. El compromiso institucional es mantener la transparencia en cada etapa del proceso.
Finalmente, el ministerio hizo un llamado a la participación ciudadana para que los interesados observen el desarrollo del proceso. El seguimiento podrá realizarse a través de los enlaces comunicados en el portal del SECP.
Con estas acciones, el Gobierno reafirma su intención de dotar a los ayuntamientos de las herramientas necesarias para la gestión de residuos, garantizando a su vez un manejo pulcro de los fondos públicos.