Santo Domingo.— Con la firma del Decreto 197-26, el Poder Ejecutivo reactiva el Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, casinos y apuestas deportivas. La medida busca consolidar un nuevo esquema institucional que garantice transparencia, cumplimiento tributario y mayor control en la industria de los juegos de azar.
El decreto surge tras el vencimiento de los plazos otorgados en 2022 por el entonces Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Hacienda y Economía, para que los negocios se ajustaran a las disposiciones establecidas.
Con la nueva disposición, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) asume un rol central en la verificación del cumplimiento tributario, la incorporación provisional de establecimientos al régimen fiscal y el apoyo a los procesos de fiscalización.
El Decreto 197-26 también reorganiza el Consejo Consultivo encargado de dar seguimiento al Plan de Regularización, integrando a representantes estatales, gremiales y del sector privado vinculados a la industria del juego.
Dicho consejo estará conformado por delegados del Ministerio de Hacienda y Economía, la DGII, INDOTEL, OGTIC, la Lotería Nacional, Fenabanca, concesionarios, asociaciones de apuestas deportivas, la Comisión Hípica Nacional, la Asociación de Casinos y el arzobispo coadjutor monseñor Carlos Tomás Morel Diplán.
Además, se instruye al Ministerio de Hacienda y Economía, en coordinación con el Consejo Consultivo, a diseñar y proponer los instrumentos normativos que permitan dar continuidad efectiva al proceso de regularización.
De manera temporal, el administrador de la Lotería Nacional fungirá como coordinador operativo y administrativo, garantizando el seguimiento de las acciones previstas en el decreto.
La pieza legal, firmada el 26 de marzo de 2026, deroga el Decreto 295-22 y establece un nuevo esquema institucional para la supervisión de bancas, puntos de venta, apuestas deportivas, casinos y otros juegos de azar.
Con esta decisión, el Gobierno asegura que reafirma su compromiso de transparentar y modernizar el sector, asegurando que todos los operadores cumplan con las obligaciones legales y tributarias, en beneficio de la economía nacional y la confianza ciudadana.