(Prensa Latina) Si bien la decisión del primer ministro haitiano, Ariel Henry, de dimitir una vez se conforme un consejo presidencial de transición trajo esperanzas sobre una solución a la crisis, aún parece que resta camino por recorrer en el propósito de devolver la estabilidad al país.
Los ciclos de violencia en la empobrecida nación resultan una problemática de décadas, pero el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 constituyó para muchos un punto de inflexión a partir del cual el deterioro de la realidad sociopolítica fue aún más evidente.
El cierre de escuelas y negocios, tiroteos de pandillas que controlan una gran parte de Puerto Príncipe, la capital, y desplazamientos de familias en busca de salvar la vida emergen como constante desde que a principios de mes la mayor prisión del país fuera blanco de un ataque y miles de reos quedaran en libertad.
Tras una reunión convocada en Jamaica por la Comunidad del Caribe (Caricom) y con la presencia de actores haitianos y representantes de naciones como México, Estados Unidos y Brasil, el presidente pro-tempore del bloque, Irfaan Ali, anunció que el consejo presidencial de transición estaría conformado por siete miembros y dos observadores.
Según los resultados de la cita, en la que participó también la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los miembros de tal estructura serán designados por entidades como Colectivo 30 de Enero, Acuerdo de Montana, Acuerdo del 21 de Diciembre y EDE/RED.
Asimismo, lo harán las fuerzas políticas Fanmi Lavalas y Pitit Desalin y el sector empresarial privado, mientras que Reagrupamiento por una Entente Nacional y Soberana (REN) y la Diáspora de ese país en el extranjero participarán como observadores.
Según lo divulgado, este consejo tendrá que nombrar a un nuevo primer ministro para reemplazar a Henry, quien no asistió a la cita de Kingston y se encuentra en Puerto Rico desde hace más de una semana.
Tal autoridad será elegida sobre la base de criterios preestablecidos como experiencia, competencia, integridad, liderazgo y capacidad de aglutinar a las personas, al tiempo que tendrá la misión de formar un gabinete ministerial cuyos miembros también deberán cumplir con ciertos criterios claramente especificados.
El nuevo gobierno propuesto contará con una hoja de ruta para actuar rápidamente y tomar decisiones, entre ellas, el restablecimiento de la seguridad, la adopción de ciertas reformas y la elaboración de una lista electoral, y deberá trabajar para la formación de un consejo electoral imparcial y la organización de comicios transparentes.
Mientras, el despliegue de mil agentes de policías provenientes de Kenya en el marco de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití quedó en pausa a partir del anuncio de renuncia de Henry y justamente cuando las pandillas continúan demostrando su poder y amenazan con usarlo.
Nairobi asegura que el acuerdo que firmaron con Puerto Príncipe sigue en pie, aunque el despliegue no se llevará a cabo ahora, porque es necesario un gobierno en funciones.
“No se puede desplegar a la policía en las calles de Puerto Príncipe sin una administración en su lugar”, afirmó el portavoz jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenya, Salim Swaleh, en declaraciones citadas por el diario Le Nouvelliste.
Antes de la decisión de Kenya, existían preocupaciones sobre la financiación de la misión, y de los 300 millones de dólares prometidos por Estados Unidos, solo hay en existencia menos de 11 millones en el fondo fiduciario establecido por la ONU.
En ese contexto, el líder de la alianza de bandas armadas Viv Ansanm, Jimmy Cherizier, subrayó que su coalición –que impone el caos en las calles de Puerto Príncipe y exigía la renuncia de Henry- llevaría a cabo una batalla para supuestamente liberar al país de las garras de los políticos tradicionales y los oligarcas corruptos.
Cherizier (alias Barbecue) rechazó las negociaciones de la comunidad internacional para encontrar una salida a la grave crisis política y, con respecto al despliegue de la misión multinacional, advirtió que nadie puede asustarlos o hacerles creer que los van a echar de su propio país.
“No estamos haciendo una revolución pacífica. Estamos haciendo una revolución sangrienta”, dijo.
El Programa Mundial de Alimentos alertó ayer sobre un nivel de hambre “muy alto” en la nación antillana, que permanece en estado de emergencia, mientras la violencia pone en riesgo el trabajo humanitario sobre el terreno.
La escalada provocó cerca de 15 mil nuevos desplazamientos durante el primer fin de semana de marzo, lo que eleva el número total de personas en esa condición a más de 360 mil, según datos de la ONU, que también ha advertido sobre la falta de capacidad del sistema de salud y la escasez de bienes y recursos como el agua.
¿Haití hacia una solución?
